La nueva estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo (Canis lupus) y su conservación incluye el protocolo para la realización de controles propuesto por el Gobierno de Asturias. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha participado hoy en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la que se ha aprobado el documento.
Calvo ha explicado que, ante la situación actual, de daños continuados al ganado y creciente conflictividad social, para el Principado supone una absoluta prioridad recuperar la seguridad jurídica para efectuar controles poblacionales en el marco del plan autonómico de gestión del lobo. Por ello, ha añadido, el hecho de que el ministerio haya asumido la propuesta de protocolo de Asturias en la estrategia supone un avance decisivo.
La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial actualizará de manera inmediata el programa de control y gestión del lobo, adaptado al nuevo marco normativo y basado en los datos del censo de 2021.
Por otra parte, Calvo ha reiterado en la reunión la firme oposición del Gobierno de Asturias a la orden ministerial que incluye a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). El Principado defendido la misma postura desde el inicio del proceso, tal y como queda reflejado en las actuaciones judiciales en curso. En este sentido, el consejero ha incidido en que un acuerdo sobre el contenido de la estrategia, o cualquier otro acto de desarrollo de la orden TED/980/2021, no supone la modificación ni el menoscabo del criterio del Principado, expuesto en la demanda de anulación presentada junto con Galicia, Cantabria y Castilla León ante la Audiencia Nacional.
Lobos que se podrán abatir
Un anexo de la estrategia incluirá el protocolo para poder realizar las extracciones selectivas de lobo, siempre de manera excepcional y cumpliendo con las condiciones que las leyes europea y española amparan en el caso de especies protegidas como la del cánido. La resolución que autoriza cazar el lobo en cuestión aprobará la resolución y la entregará al ministerio que valorará si es viable. La consejería solicitante tendrá que justificar y demostrar que los ataques al ganado afectado son graves y reiteraos por dicho ejemplar y que se han tomado las medidas preventivas posibles y que la extracción del animal no suponga la desaparición del lobo en el territorio.
La firma de la estrategia por las comunidades autónomas con lobo permitirá que reciban la parte de los 20 millones de euros que este año se destinan a ayudas para medidas preventivas contra los ataques y las indemnizaciones por los animales muertos por el lobo de los Presupuestos del Estado. Los ganaderos que utilicen esas medidas preventivas y justifiquen los daños por ataques a sus rebaños recibirán el dinero correspondiente. Esta estrategia también contará con una partida para realizar un censo del lobo en España actualizado para el diseño de los planes de coexistencia según la realidad de cada territorio.
Dudas e incertidumbres
Las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Cantabria, además de Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta han votado en contra de la nueva Estrategia de gestión del lobo, que ha salido adelante con los votos favorables de las comunidades gobernadas o cogobernadas por el PSOE. Navarra y País Vasco se abstuvieron en la votación. Para el representante de Castilla y León en la sectorial, la estrategia aprobada parte de graves carencias de base, como la falta de un censo nacional previo actualizado o una evaluación de la estrategia anterior. Además contiene en un Anexo criterios para el control de oficio de la especie por las Administraciones, inclusión en este instrumento de planificación que suscita dudas en derecho y no da seguridad jurídica suficiente en las decisiones de control. Por otro lado, se mostró oposición a que los fondos previstos en los presupuestos generales del Estado para su transferencia a las Comunidades Autónomas para subvencionar medidas preventivas y compensar daño, se incluyeran en la Estrategia y se vincularan a esta, algo no habitual en el reparto de fondos estatales para financiar actuaciones competencia de las Comunidades Autónomas.
