Aprobada la Ley de Calidad Ambiental

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El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Calidad Ambiental, que persigue compatibilizar la protección del medio ambiente con la simplificación de procedimientos administrativos, con el fin de favorecer el desarrollo económico.

La norma, elaborada por la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, que ahora se remitirá a la Junta General para su tramitación, se convertirá en el principal instrumento jurídico para la prevención y control de la calidad ambiental. De este modo, fija los fines y principios a los que quedan sujetas las actividades económicas, tanto en instalaciones públicas como privadas.

Esta legislación permitirá evaluar los posibles efectos negativos de proyectos y actividades en el medio ambiente, por lo que implanta medidas preventivas y correctoras para minimizar su impacto. Así, teniendo en cuenta la necesidad de hacer frente a inversiones, transformaciones y reformas estructurales que permitan un sistema económico más resiliente tras la pandemia, la ley permitirá  mayor agilidad en la puesta en marcha de las actividades, al tiempo que mantendrá las garantías y controles que exige el marco comunitario.

 Tres tipos de intervención administrativa

En función de la potencial incidencia ambiental de las actividades, la norma establece tres tipos de intervención administrativa:

-Las actividades e instalaciones de mayor incidencia ambiental, a las que se les aplica la ley estatal de prevención y control integrados de la contaminación, seguirán sometidas al régimen de la autorización ambiental integrada ordinaria, por motivos de protección y, por tanto, de interés público. Este régimen afecta en la actualidad a cerca de 90 grandes instalaciones en Asturias, que ya cuentan con esta autorización.

-Para las actividades con moderada incidencia sobre el medio ambiente y que requieren de uno o varios permisos ambientales sectoriales, ya sea porque producen emisiones, generan vertidos o tratan residuos, se establece el régimen de la autorización ambiental integrada simplificada. Este novedoso instrumento reúne en una única autorización autonómica las diferentes autorizaciones ambientales sectoriales. Aplica, pues, principios de simplificación, racionalización y cooperación entre administraciones públicas.

-En el caso de proyectos con incidencia ambiental mínima, se opta por la fórmula de la declaración responsable, que permite al titular iniciar su actividad de forma inmediata, sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por el control posterior. De este modo, se compatibiliza la protección medioambiental con la simplificación y agilización de los trámites administrativos. Este régimen será el único de competencia de los ayuntamientos. La declaración responsable ambiental afectará a numerosas actividades económicas, como talleres de reparación de vehículos (sin cabina de pintura), gasolineras, carpinterías metálicas o de madera, hostelería, antenas de telefonía, garajes o ganaderías, entre otras.

Los dos últimos procedimientos –la autorización ambiental integrada simplificada y la declaración responsable ambiental- sustituirán el trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas previsto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Anualmente, se tramitan en torno a 500 solicitudes de licencia ambiental. De esa cantidad, unas 50 serían objeto de la nueva autorización ambiental integrada simplificada. El resto quedarán sometidas a la declaración responsable ambiental, que tramitará el ayuntamiento donde se ubique la instalación o actividad.

Las nuevas formas de intervención administrativa pretenden compatibilizar la protección medioambiental con la simplificación administrativa. Para ello, la ley confiere relevancia a los principios de información mutua, cooperación y colaboración entre administraciones. Asimismo, incorpora instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad ambiental y lucha contra el cambio climático, como el fomento de los sistemas de gestión medioambiental o el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono. También recoge medidas de impulso de buenas prácticas en ecoinnovación y economía circular, mediante herramientas como la compra pública verde o el apoyo a la investigación y la educación ambiental.

La norma prevé, además, la creación del Consejo de Medio Ambiente como órgano consultivo y de participación que permita favorecer la colaboración de las administraciones públicas y los agentes económicos, sociales e institucionales.

En el proceso de tramitación pública se han atendido cerca de 190 cuestiones presentadas por 19 alegantes.