Cerca de 4.500 autónomos de 40 municipios podrán beneficiarse de la tarifa rural que pondrá en marcha el Gobierno de Asturias este año. La Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo trabaja en la aplicación de la medida, que se dirige a personas trabajadoras por cuenta propia de los concejos con menos población, concretamente de los que se sitúan por debajo de los 3.000 habitantes.
El Principado destina 4 millones en el presupuesto de este año para esta tarifa, que persigue favorecer la transformación económica en el área rural. Cuarenta de los 78 municipios asturianos se sitúan en el ámbito de actuación de esta iniciativa.
La ayuda cubre el 40% de la cuota, salvo para los autónomos con una cotización superior a 225 euros, para los que el apoyo se limita a los 90 euros al mes, con un máximo de 1.080 euros anuales.
La tarifa rural se dirige a las personas autónomas ya establecidas, con más de dos años de antigüedad en la actividad. En Asturias, según los últimos datos facilitados por la Seguridad Social, hay 70.522 autónomos.
Existe una relación directa entre población y número de trabajadores por cuenta propia. Gijón, con 16.261, y Oviedo, con 13.779, son los municipios con mayor número de autónomos. Ahora bien, la relación se invierte cuando se analiza el protagonismo de la actividad, medida en porcentaje sobre el conjunto de la afiliación. Así, en los concejos con menor población, el porcentaje de autónomos sobre el total de afiliados a la seguridad social es mucho más elevado. En definitiva, la importancia de los autónomos se multiplica a medida que disminuye la población.
Si para el conjunto de Asturias el porcentaje de trabajadores por cuenta propia se sitúa en el 18%, en los 40 municipios cuya población es inferior a 3.000 habitantes, un 43,55% del total de las personas afiliadas son autónomas. En los 18 concejos que cuentan con una población inferior a 1.000 habitantes, este porcentaje supera el 51% e incluso hay municipios como Amieva o Illano, en los que se rebasa el 70%.
El director general de Empresas, Pymes y Emprendedores, Ignacio Iglesias, ha destacado la importancia de la tarifa rural por la repercusión que va a tener en estos concejos, donde el empleo autónomo es fundamental en la economía local. “Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las zonas rurales es un reto económico, por lo que es importante apoyar a las actividades empresariales que se ubican en dichas zonas”, ha asegurado.
Esta medida se suma a otro programa para favorecer la creación de nuevos puestos de empleo por cuenta propia, dotado con 2,5 millones que se destinarán a promover la incorporación de personas inscritas y en situación de alta como demandantes de empleo no ocupados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar (REMAR), y condicionada a la permanencia en dicho régimen durante dos años consecutivos desde la fecha de alta. El objetivo de esta actuación es ayudar a los nuevos autónomos que se encuentren en esta situación durante los años 2022 y 2023.
