La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado este mediodía en el Congreso de los Diputados las 10 propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria para reforzar la eficacia de la misma y conseguir así un reparto justo y equitativo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa.
Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, con motivo del trámite parlamentario del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha defendido las modificaciones de dicha Ley que recoge el Real Decreto 5/2020 aprobado en febrero del pasado año al hilo de las históricas movilizaciones y tractoradas por toda España. En este sentido, ha valorado el articulado que establece que, para la fijación de los precios en los contratos, uno de los factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a “criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública” y que, para evitar la destrucción de valor en la cadena, “cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato”.
Sin embargo, Blanco ha señalado las “diversas lagunas” que aún existen en la presente normativa y ha propuesto un decálogo de actuaciones para subsanarlas:
- Regulación de la “venta a pérdidas” dentro de esta Ley. Esta práctica supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena. Y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta el más débil, que es el productor. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en Octubre del 2017 llevó al gobierno a modificar la LORCOMIN, haciendo inviable la penalización de la venta a pérdidas, capítulo este en el que se ha retrocedido y que se debe volver a afrontar en nuestro país y a nivel de normativa comunitaria.
- Inclusión del canal Horeca en el ámbito regulatorio de esta normativa, ya que tampoco se incluye en el actual Proyecto de Ley.
- Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un compromiso firme, en la nueva Ley, para la elaboración de índices de costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.
- Del mismo modo deben reconocerse todos los costes de producción, no sólo los costes “efectivos”.
- Puesta en marcha de un Registro oficial electrónico de contratos para poder ejercer un control administrativo por parte de la AICA.
- Consolidar y reforzar el concepto de productos perecederos, para el pago a los 30 días, frente a la pretensión de la Industria de condicionar este pago al destino, en fresco o para transformado del producto.
- Clarificar y reforzar la figura del Mediador de la Cadena, apenas mencionado en una disposición adicional.
- Reforzamiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en dotación económica y personal, para un mejor cumplimiento de sus funciones.
- Reforzamiento del compromiso y coordinación de las Comunidades Autónomas. Una parte importante de las mismas no han ejercido sus competencias, como es el caso del control y sanción de las ventas a pérdida, que se han producido de forma flagrante en los últimos años, particularmente en el sector lácteo, aceite de oliva y frutas y hortalizas.
- Clarificar que los productos importados de países terceros se encuentran incluidos en la aplicación de todo el cuerpo de la Ley, no sólo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
“La pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario. Pero esto no se ha traducido en una mejor posición de los agricultores y ganaderos en los mercados. Los precios en origen siguen en una tendencia a la baja, al tiempo que se incrementan los costes de producción. Y en esta tendencia, la posición de abuso de posición dominante de las grandes cadenas de distribución tiene mucho que ver. La salud y también la alimentación son lo primero y ahí la regulación es necesaria para consolidar un tejido productivo agrario fuerte y sostenible en nuestro territorio, capaz de dar respuesta a la demanda alimentaria en situaciones de crisis”, ha subrayado el Secretario General de COAG.
