La cifra total de los registros de animales de compañía de las comunidades autónomas concluye que hay trece millones las mascotas identificadas en España, un 50% de las que se estima que siguen sin registrar, ni identificar. El pasado 12 de septiembre, el Congreso de los Diputados tramitó por el procedimiento de urgencia el Proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Derechos de los Animales, en cuya exposición de motivos especifica que su principal objetivo “no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad”. Algunas de las medidas que recoge el borrador incluyen la obligación de realizar un curso de formación si se quiere comprar o adoptar una mascota o la prohibición de cría de animales a quienes no estén inscritos en el registro de criadores. Por otra parte, prohíbe la comercialización y exhibición de animales en tiendas de mascotas y limita su venta a profesionales autorizados. Además, la cesión entre particulares debe ser gratuita y quedar reflejada en un contrato y obliga a esterilizar a machos y hembras si conviven en un mismo espacio.
Pero el concepto de animales de compañía no abarca solo a perros y gatos, sino que también incluye peces, pájaros, reptiles y pequeños mamíferos. Esto se refleja en la prohibición de prácticas como el silvestrismo, las peleas de gallos o el tiro al pichón con un rango de multas de entre 500 y 10.000 euros para las sanciones leves, 10.000 y 50.000 para las graves y hasta 200.000 euros para las muy graves. Actividades como la tauromaquia están excluidas al depender del reglamento de Patrimonio, mientras que uno de los debates abiertos es la consideración de los perros de trabajo.
Cazadores y animalistas, en contra
El proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales ha desatado la polémica en todos los actores implicados. Por una parte, Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, denunció hace un mes que “es una norma que nace fracasada y una de las más contestadas de la historia. De hecho, ha recibido más de 6.000 alegaciones y el rechazo de más de 100.000 personas en la manifestación del pasado 20 de marzo en Madrid”. Entre los puntos que afectan al sector cinegético destaca la limitación de la vida laboral de los perros de caza. El proyecto de ley estipula que, tanto estos como los pastores, no podrán empezar su actividad antes de los 18 meses y necesitarán un informe veterinario para poder seguir a partir de los siete años. En ese apartado también se incluyen otro tipo de animales, como los caballos de tiro. En lo que respecta a los perros auxiliares, utilizados para el pastoreo, la caza y la defensa del ganado, la norma prevé que deban llevar un collar GPS para poder ser localizados en todo momento, pero no se les exigirá pasar por una nueva prueba que servirá para valorar su sociabilidad y determinará si son potencialmente peligrosos o no. Sin embargo, el anteproyecto de ley no exime a los propietarios de perros de pastoreo o de caza de esterilizarlos, siempre que sean de distinto sexo y convivan en el mismo espacio. Si los dueños de los perros quieren dedicarse a su crianza, estarían obligados a inscribirse en un registro de criadores, lo que añade otro trámite burocrático más.
Por otra parte, el borrador, tachado de insuficiente por varias organizaciones animalistas, tampoco ha contentado a este colectivo. El PACMA denunció en un comunicado que “va a suponer un retroceso de décadas en la protección animal en España”, al considerar que “solo protege a los animales considerados de compañía y a los silvestres en cautividad, dejando fuera a la fauna silvestre y a los considerados de producción”. Además, criticó que “no se exija a ganaderos y cazadores realizar el curso de formación de tenencia responsable”.
Enmienda del PSOE
Pero el borrador para la futura ley, prevista para que entre en vigor el año que viene y pendiente de modificaciones, no solo no ha contentado a sectores antagónicos, como la caza y los colectivos animalistas. El debate sobre si se debe incluir a los perros de trabajo en la regulación ha provocado división de opiniones en el Gobierno de coalición. Tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, la iniciativa legislativa promovida por Unidas Podemos se ha encontrado con una enmienda del PSOE, al pedir la exclusión de “todos aquellos animales que no convivan en el hogar familiar”, en los que se engloba a los “perros pastores, de caza o policía”. La decisión ha provocado la reacción de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales y uno de los impulsores de la norma, quien anunció su dimisión si se aceptaba la enmienda de los socialistas.
Entre tanta polémica generada, el borrador no ha conseguido contentar a ninguna de las partes implicadas. Recabamos la opinión de Armando Solís, presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, conocer su postura ante la normativa en ciernes y cómo podría afectar a los propietarios de animales de compañía, caza y pastoreo. Para Solís, “es un anteproyecto de ley y hay muchísimas alegaciones presentadas. Nosotros, desde el Consejo General de Veterinarios, enviamos hasta 70 páginas bastante densas. Nos preocupa y vemos mucha indefinición”.
Respecto a las alegaciones presentadas, explica que “estamos a la expectativa y esperamos que se tengan en cuenta. No es una ley definitiva pero, en principio, estamos bastante en desacuerdo con ella porque, de llegar a aplicarse tal y como está, supondría muchísimos cambios”. Entre los motivos por los que se han presentado tantas alegaciones, Armando Solís destaca que “se hizo la ley sin contar demasiado con la opinión de los sectores profesionales. Estuve en varias reuniones, por ejemplo, para regular el sistema de identificación, que ya está implantado, pero quieren implementar uno nuevo. Nosotros les ofrecimos el nuestro, que ya funciona a nivel nacional y está aprobado por los colegios de veterinarios y las comunidades autónomas, pero no sabemos si lo van a contemplar o no”. El descontento es generalizado y una de las razones que apunta el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias es “que la ley es muy ambigua. De hecho, las partes implicadas, tanto veterinarios, como ganaderos y cazadores han presentado reclamaciones mucho mayores en extensión que el propio proyecto de ley”.
Desconocimiento del mundo rural
El enfoque de la norma también ha generado controversia. Para Solís, “no me gusta hablar de ley porque, tras las alegaciones, puede haber una diferencia abismal, pero el anteproyecto está hecho por personas que desconocen totalmente el mundo rural, la agricultura y la ganadería con una visión alejada de la realidad del campo. No tienen en cuenta el trabajo de los ganaderos desarrollando las razas, ni los medios y las condiciones en que lo hacen. Para nosotros, está todo muy desenfocado y no estamos de acuerdo”. La división de criterios entre los promotores de la ley, que se materializó en la enmienda del PSOE para diferenciar a los animales de compañía de los de trabajo, parece responder, según el veterinario, a “intereses políticos. Es aprobar una ley, aunque no se esté de acuerdo, a cambio de otro tipo de contraprestaciones. Es un tema demasiado serio como para utilizarlo como herramienta política, porque están jugando con cosas muy importantes, tanto para los veterinarios, que también somos parte del campo, como para la agricultura y la ganadería. Cualquier persona sensata y que conozca un poco el campo, lo entiende”. La creación de comités de evaluación, contemplada en el borrador, genera más incertidumbre. Según Armando Solís, “es todo muy genérico y ambiguo. No se sabe quién va a formar estos comités. Por ahora, no han contado con gente preparada para llevarlo a cabo y desarrollarlo posteriormente”.
En lo que atañe al ejercicio de su profesión, el anteproyecto especifica que debe haber un servicio veterinario las 24 horas. Para Solís, esto supone “otra muestra de desconocimiento. En las zonas rurales ya existe es tipo de servicio y funciona perfectamente. Los profesionales estamos disponibles a cualquier hora por si surge cualquier problema. Otra cosa es que quieran crear plazas de veterinarios en cada pueblo. De ser así, sería fantástico, pero que las presupuesten y el problema estaría resuelto”.
Perros pastores con GPS y esterilización obligatoria
Una medida que preocupa a los ganaderos y pastores es la obligatoriedad de que sus perros tengan que llevar un dispositivo GPS para que puedan estar localizables en todo momento. Además, estipula que estén esterilizados, aunque existe división de opiniones en ese punto entre los socios de Gobierno. Según el presidente del Colegio de Veterinarios, “nunca vi que los perros de los ganaderos se pierdan demasiado como para tener que obligarlos a usar GPS. De todas formas, todo eso tienen que dotarlo de un presupuesto. No puedes obligar a que la gente tenga que comprarlos. Si quieres ayudar, tendrás que pagarlo. En el mundo ideal, está muy bien que todos los animales estén localizados y que las cuadras tengan aire acondicionado, pero todo eso hay que adaptarlo a la realidad en la que vivimos”.
