Las organizaciones agrarias ASAJA Asturias, COAG Asturias y UCA hemos mantenido ayer un encuentro con la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa y con el Director de Área de Agricultura, Enrique Rodríguez Nuño, a quienes expusimos los principales problemas del campo asturiano, que está atravesando una crisis de rentabilidad sin precedentes, como consecuencia de los elevados costes de producción que no se ven compensados con el precio que reciben por sus productos.
En ese encuentro, las organizaciones agrarias solicitamos apoyo incondicional y firme frente a normas que consideramos dañan gravemente al sector como son la Orden LESPRE, el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de Ordenación de las Granjas Bovinas o el Anteproyecto de Ley de protección y derechos de los animales y trasladamos una serie de peticiones que ayuden a los ganaderos a superar la actual crisis, que incluso se puede ver agravada con el conflicto en Ucrania.
Peticiones Fiscalidad:
- Reducción del IVA que soportan los agricultores y ganaderos, que se encuentra entre el 10% y el 21%, equiparándolo al IVA superreducido del 4%, teniendo en cuenta que la actividad que desempeña el sector es esencial para la sociedad a la que abastecen de alimentos.
- Exención total para las ayudas PAC hasta 60.000 euros. Posibilidad de aplicar mayores bonificaciones fiscales en IRPF e Impuesto de Sociedades debido a la situación extraordinaria que atraviesa nuestro sector.
- Exención fiscal para las ayudas de creación a empresas agrarias y planes de mejora. En este sentido parece insuficiente lo previsto en el R.D 5/2020 de 25 de febrero que permite imputar en 4 años las ayudas públicas a la primera instalación. Consideramos esa medida insuficiente y pedimos que esas dos ayudas queden exentas de tributación.
- Exención o reducción de las cuotas de la Seguridad Social durante los 5 años tras la incorporación para los jóvenes que se den de alta en la actividad agraria y se den de alta en el RETA o SETA.
Peticiones Financiación:
Medidas para la mejora de la financiación del sector agrario, consistentes en la puesta en marcha de créditos para liquidez y periodos de carencia de dos años para aplazar los pagos de los créditos pendientes.
Ley de la Cadena Alimentaria:
Para una correcta aplicación de esta norma sería primordial contar con estudios de costes de producción en las explotaciones. Dada la actual situación económica muchos agricultores y ganaderos no pueden asumir el pago de esos estudios por lo que se hace necesaria alguna línea de ayuda de las Administraciones que permita tener esos datos y poder dar fuerza en las negociaciones de los precios con industria y distribución. Incidir en que es imposible proteger el anonimato de los productores en las denuncias al AICA, lo óptimo sería que este Organismo actuara de oficio.
Actualizaciones de la titularidad de fincas rústicas:
Uno de los hándicaps para el relevo generacional es la falta de base territorial para los nuevos agricultores y ganaderos. Consideramos que se hace necesaria la modificación del Código Civil y de la Ley y Reglamentos Hipotecarios para facilitar la investigación de la titularidad de fincas rústicas y la cesión para la explotación a sus interesados.
Banco de Tierras:
Dotar de presupuesto al Banco de Tierras para reactivar las prejubilaciones en el campo, facilitando así la disponibilidad de base territorial para los jóvenes que deseen incorporarse a la actividad agraria.
Armonización de todos los PGOU:
En lo relativo a los requisitos tanto para la construcción de edificaciones agrícolas y ganaderas como para la legalización de las actuales edificaciones.
La Delegada del Gobierno ha compartido nuestra preocupación por la situación del sector y ha mostrado su total disposición a trasladar nuestras peticiones a todos los Ministerios implicados.
