El proyecto de Ley de Defensa y Promoción de la Calidad Alimentaria y la Calidad Diferenciada permitirá al Principado disponer de un instrumento integral y actualizado de regulación en este ámbito. Entre otras novedades, incorpora materias como la venta directa, consolida el marco legal de las figuras de calidad diferenciada y otorga soporte a la producción ecológica. También avanza en la ordenación de las marcas de garantía y dota de instrumentos de protección a la producción local.
Así lo anunció la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, en la presentación de esta normativa, aprobada por el Consejo de Gobierno, que “consagra el marco para la producción, transformación, y distribución de la producción agroalimentaria y condensa toda la legislación dispersa hasta ahora en normas locales, reales decretos, leyes estatales y reglamentos comunitarios”. El texto, consensuado con los sectores implicados, se remitirá ahora a la Junta General del Principado para su tramitación.
La consejera destacó la inclusión de la artesanía alimentaria entre la producción agroalimentaria asturiana. Se trata de productos elaborados con respeto al medio ambiente, características diferenciales y con la consideración de pequeñas producciones controladas. De acuerdo con esta definición, “se regula la figura del artesano alimentario, de tal forma que quienes tengan acreditadita esta condición podrán etiquetar sus productos con esta denominación”, explicó. Álvarez valoró también la creación de la figura del artesano de montaña, que beneficiará a quienes elaboran productos básicamente con materias primas de estas zonas.
Reconocimiento jurídico
El proyecto establece el reconocimiento jurídico de la venta directa con la voluntad de mejorar la rentabilidad de las explotaciones, generar empleo, disminuir costes, crear conciencia solidaria con el medio rural y contribuir a una economía sostenible. El reglamento para su desarrollo “fijará los productos y lugares de venta, como lonjas, ferias, establecimientos minoristas, mercados municipales o internet. Además, los productos podrán ser de origen agrícola, ganadero, forestal, cinegético, micológico o pesquero.
El texto otorga soporte jurídico y regulador a los productos de calidad diferenciada, desde la producción a la comercialización, y define la naturaleza de las entidades de gestión. Igualmente, la producción ecológica encuentra acomodo en la norma al considerarse prioritaria su promoción e incluir el Consejo de la Producción Agraria Ecológica como corporación de derecho público.
Además de incorporar los últimos instrumentos legislativos, el Principado recoge en el proyecto nuevos conceptos como la cadena responsable, la trazabilidad, el autocontrol, el fomento de la diversidad, la promoción con sentido territorial, el impulso activo del cooperativismo y la contribución de la agroalimentación a la construcción de una sociedad más sostenible.
La finalidad esencial del proyecto es, según subrayó la titular de Desarrollo Rural, la de fortalecer, fomentar y mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector alimentario, en un contexto de economía solidaria, además de contribuir a garantizar prácticas equitativas en el comercio. También trata de potenciar las iniciativas de los productores y desarrollar los canales cortos de comercialización, asegurar la participación de los agentes sociales y económicos o simplificar los trámites burocráticos. Se incorpora, igualmente, el régimen de tutela, control e inspección y se establece la tipología de infracciones y sanciones, junto con los órganos responsables.
La norma establece periodos transitorios para la transformación de las actuales entidades gestoras de calidad diferenciada en corporaciones de derecho público, así como el proceso para implantar el control de la trazabilidad de los productos. Asimismo, da respuesta a dos demandas del sector agrario. Por una parte, establece el sistema para fijar la representación de las organizaciones profesionales agrarias en Asturias, en el marco de los correspondientes procesos electorales y, por otra, otorga rango legal a las aportaciones directas de las ayudas del Principado al Sistema Nacional de Seguros Agrarios.
