La Comisión Estatal del Patrimonio Natural votaba ayer anteponer los intereses del lobo a los intereses de los ganaderos y de los agricultores españoles. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico convocó al citado organismo, en el que se dan cita los departamentos de medio ambiente de las comunidades autónomas, y sometió a consideración de las comunidades una decisión que viene acariciando largamente no con el objetivo de organizar adecuadamente la convivencia entre la ganadería y las especies silvestres, sino con la idea de dar curso a la ideología de los grupos ecologistas. La conclusión es que el organismo ha decidido que el lobo deje de ser especie cinegética en toda España. O sea, que no se pueda cazar. El trámite ahora irá de la mano del Ministerio hasta su definitiva conversión en norma.
Ante tal acción, COAG-Asturias se ve obligada a pedir enérgicamente la dimisión de la titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, así como del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, porque su empeño en desplazar a los ganaderos del campo ha cristalizado por fin hoy, en la sesión de la comisión del patrimonio natural. A su vez desarrollará cuantas acciones estén a su alcance para evitar que la votación de hoy acabe convirtiéndose en ley.
Todas las comunidades autónomas formadas por gobiernos cuya adscripción política está integrada o es afín a la coalición con mayoría parlamentaria, a excepción del País Vasco y Asturias, ha votado a favor del lobo. Las comunidades que han votado en contra de la decisión están encabezadas por las que más sufren la presión del lobo a la ganadería, esto es Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, a las que han apoyado Madrid, Murcia y Andalucía. Además, se da la curiosa circunstancia de que tras un empate en primera votación se recurre a la segunda donde se rompe el equilibrio gracias, entre otros al voto de Canarias, región donde no prolifera el animal pero que determina el devenir de los ganaderos del norte de España.
Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG-Asturias asegura que, además de las pérdidas de ganado y dinero “ya no es sólo el daño económico, sino el sicológico y el estrés que pasan cada día con el lobo en los prados y al lado de las casas. Eso, desde Madrid, no se ve. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta decisión”.
La situación está resultando tan preocupante que el Ministerio de Agricultura tuvo que lanzar una advertencia, el pasado mes de abril, para conminar a todas las comunidades autónomas y alertarles de los riesgos que entraña no ejercer el preceptivo control de la fauna silvestre. La desidia en la observancia de tales controles amenaza, no solo los festines que el lobo se pega con las cabezas de ganado y la consiguiente sangría económica para el ganadero. También, la propagación de enfermedades, que podrían derivar en zoonosis, o sea, ser transmitidas al ser humano, la producción de daños en las explotaciones agrícolas mediante los cada vez más frecuentes destrozos de cosechas, la creciente alarma en los pueblos porque los lobos se acercan cada vez más a las poblaciones, los daños en infraestructuras básicas y la generación de accidentes de tráfico.
COAG-Asturias ha reiterado ampliamente su difundida postura y es que considera prioritario el control de las especies silvestres. Lo contrario, deja indefensos, como se puede comprobar a diario, no solo a agricultores y ganaderos, sino también al conjunto de la sociedad, que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje.
