Asturias defiende la validez de sus datos sobre el lobo y pide al ministerio que respete la evaluación técnica del informe sexenal

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La Consejería de Medio Rural y Política Agraria  defiende la validez de los datos de Asturias sobre el lobo y reclama que se respete el procedimiento técnico de evaluación sexenal. El departamento que lidera Marcelino Marcos ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sus alegaciones al trámite de información pública abierto con carácter previo al análisis del informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024.

En su escrito, el Gobierno del Principado cuestiona el propio procedimiento impulsado por el ministerio, al considerar que la apertura de una consulta pública sobre este informe carece de encaje en el marco normativo vigente.

La consejería recuerda que el informe sexenal es, por definición, un documento de carácter técnico-administrativo, elaborado a partir de los datos oficiales aportados por las comunidades autónomas conforme a la metodología establecida por el propio ministerio y posteriormente contrastados entre administraciones. Por este motivo, sostiene que su evaluación debe basarse exclusivamente en criterios objetivos de carácter técnico y científico.

Desde esta perspectiva, Asturias entiende que someter el documento a información pública no resulta procedente, ya que desdibuja el proceso técnico de validación de los datos remitidos por las comunidades e introduce aportaciones externas que pueden no estar sustentadas en la metodología ni en el conocimiento especializado que exige la valoración del estado de conservación de la especie.

El Principado defiende, además, la plena validez de los datos que ha aportado al informe y subraya que reflejan una situación favorable de conservación del lobo en la comunidad.

Asturias cuenta con uno de los sistemas de seguimiento más consolidados del país, fruto de décadas de trabajo. Ese sistema incluye censos periódicos, seguimiento de manadas reproductoras, coordinación técnica con comunidades autónomas limítrofes y una colaboración científica estable con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB‑CSIC‑Universidad de Oviedo).

La información remitida para el periodo 2019-2024 ya evidenciaba esa evolución positiva de la población, una tendencia que se ha visto reforzada por el censo de 2025, presentado recientemente en el Comité Consultivo del Lobo. Sus resultados confirman la estabilidad poblacional y la continuidad del crecimiento registrado en Asturias durante las últimas décadas.

El documento de alegaciones incorpora también un análisis específico sobre dos cuestiones muy concretas: los incendios forestales registrados en la comunidad el pasado año y las actuaciones desarrolladas en el marco del Programa de Actuaciones de Control 2025-2026.

La consejería señala que ambos elementos son posteriores al periodo de evaluación del sexenio 2019-2024 y, por tanto, no deberían formar parte de la valoración del informe que se remitirá a la Comisión Europea. No obstante, Asturias ha optado por incluir este análisis complementario con el fin de aportar la máxima transparencia y rigor técnico.

Las conclusiones son claras: ni los incendios ni las actuaciones de control han tenido efectos negativos sobre la evolución de la población de lobo en Asturias. Así lo avala el censo de 2025, que mantiene los parámetros poblacionales en niveles compatibles con un estado de conservación favorable.

Junto con las alegaciones, la consejería ha remitido al ministerio documentación técnica adicional que incluye la estimación actualizada de la población —50 manadas, de las cuales 45 son reproductoras en 2025—, un análisis estadístico de la evolución en la última década y un estudio sobre las áreas de campeo de ejemplares radiomarcados así como su relevancia para la gestión de la especie, elaborado en colaboración con el IMIB‑CSIC‑Universidad de Oviedo.

Finalmente, el Gobierno del Principado solicita que todas estas consideraciones sean tenidas en cuenta en la evaluación final del informe sexenal y reclama la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para proceder a su aprobación definitiva antes de su remisión a la Comisión Europea.