El Principado constata un incremento de la población de lobos, que alcanzaron las 43 manadas el año pasado, de las cuales 39 son reproductoras. Además, en función de los indicios detectados, se evalúa la posible existencia de otros tres grupos. Estos datos se han dado a conocer esta tarde en la reunión del Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo.
Para llevar a cabo el estudio, se analizaron 56 áreas y se habilitaron 1.224 estaciones de escucha. El censo correspondiente a 2023 recoge también el número de ejemplares hallados muertos, 15 en total, en su mayoría por atropellos.
Respecto al balance de años, los cánidos atacaron el año pasado a 3.256 animales: 953 vacas, 227 cabras, 1.093 caballos, 976 ovejas y 7 perros. El Gobierno de Asturias abonó 1,1 millones para compensar estas pérdidas, las cifras más altas desde que existen registros (1997).
Durante la reunión, presidida por el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, se ha recordado que actualmente el lobo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), por lo que la normativa impide realizar controles poblacionales. Por tanto, este hecho condiciona la aplicación del Plan de Gestión del Lobo en todos sus términos, ya que la situación de la especie en esta zona biogeográfica se ha declarado desfavorable, pese a que ha mejorado en los últimos años.
Cabe señalar que la decisión de proteger la especie se adoptó en 2021 con base en datos del período 2012-2014, cuando el número de ejemplares era inferior al del momento de inclusión en el Lespre.
Además, en la sesión se ha anunciado el próximo pago de indemnizaciones, por valor de 1,1 millones, correspondientes a daños de fauna silvestre pendientes de 2023 y a los primeros meses de este año.
