El Gobierno de Asturias ha reforzado las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales con la instalación de cámaras de vigilancia para captar imágenes de alta calidad que serán fundamentales para la investigación de sus causas. La información recopilada por estos dispositivos será transmitida por los agentes medioambientales a las Brigadas de Investigación de Incendios (BRIP) y servirán como material de prueba para la formulación de las preceptivas denuncias.
Los primeros dispositivos ya están operativos y se instalarán más a lo largo de las próximas semanas, si bien no tendrán un emplazamiento fijo y su ubicación cambiará en función de las necesidades de cada momento. Las áreas forestales con historial recurrente de fuegos y de especial valor medioambiental serán emplazamientos prioritarios.
Esta medida forma parte del Plan de Vigilancia, Prevención y Extinción de Incendios para 2024 que la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios desarrolla junto con la Fiscalía de Medio Ambiente y se suma a las actuaciones adicionales que el Principado está llevando a cabo para combatir este problema. El Gobierno de Asturias reafirma así su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad de sus habitantes, para lo cual mantendrá ese esfuerzo con la aplicación de nuevas acciones en las próximas semanas.
La consejería reitera la gravedad de provocar este tipo de incendios y recuerda que constituye un delito punible con penas de prisión y elevadas sanciones económicas. Las penas iniciales van desde uno a cinco años de prisión y multas de 12 a 18 meses. En el caso de que se produjeran consecuencias graves, como daños al suelo, la vida animal o vegetal, o afectación de espacios naturales protegidos, las penas pueden aumentar hasta los tres a seis años de prisión y multas de 18 a 24 meses. En situaciones donde se pongan en riesgo vidas humanas, las penas pueden llegar a ser de 10 a 20 años de cárcel.
