Los daños causados por el lobo (Canis lupus) a la cabaña ganadera asturiana aumentaron en 2022 un 12% respecto al año anterior. Este es uno de los datos del informe enviado por la Consejería de Medio Rural a la Comisión Europea. Este mismo estudio calcula la existencia de 40 manadas, el doble de las contabilizadas en el año 2000.
Úrsula von der Leyen, presidenta de la CE, manifestó a principios de septiembre su disposición a flexibilizar la política de protección del lobo. Admitió que la expansión de la especie se está convirtiendo en “un peligro real” para la ganadería en algunas zonas de la Unión Europea.
El planteamiento de Von der Leyen concuerda con el criterio del Gobierno del Principado, que desde un principio se ha opuesto a la inclusión del lobo en el listado de especies merecedoras de protección oficial (el Lespre).
El informe del Gobierno del Principado responde, precisamente, a una sugerencia de la presidenta de la Comisión Europea, que recomendó el envío de informes detallados sobre la evolución de la especie. El estudio del Principado, elaborado con criterio y rigor técnico, cifra en 3.115 el número de ataques de 2022, frente a los 2.721 del ejercicio anterior. De ellos, 962 afectaron a ganado bovino, 1.046 a equino, 837 a ovino, 271 a caprino y 4 a perros.
Este incremento ha supuesto que el importe de las indemnizaciones por los daños haya pasado de 784.192 euros de 2021 a cerca de un millón en 2022 (en concreto, 927.211, euros). En cuanto a las manadas, 35 estaban consideradas grupos reproductores.
El documento incluye los últimos censos de lobos y el detalle de daños del periodo 2017-2021 realizado por el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (Cecodet). También está acompañado de un informe de marcaje de los cánidos de 2022 que valora el buen trabajo realizado por la consejería y que sitúa a Asturias como la comunidad autónoma que mejor ha estudiado este animal.
El Gobierno del Principado mantiene su criterio de que el lobo sea retirado del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y reitera que el rigor científico y profesional de los estudios justifica esta medida para el control poblacional de la especie.
