El Gobierno de Asturias ha acordado hoy solicitar al Consejo de Ministros la declaración de la comunidad como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil –lo que antes se denominaba zona catastrófica-, como consecuencia de los 278 incendios forestales registrados desde el 29 de marzo al 9 de abril. Los fuegos afectaron a 51 concejos y 32.000 hectáreas: 12.000 arboladas, 18.000 de matorral, 500 de pastizal y 1.500 dedicadas a otros usos. La aprobación de la declaración por parte del Ejecutivo central permitiría acceder a diferentes líneas de ayudas.
El Principado sostiene que los perjuicios causados por la oleada de incendios justifican sobradamente la solicitud. Así, detalla que se produjeron daños de gran consideración en masas arboladas de regeneración natural y repoblación forestal, tanto en terrenos de utilidad pública como en montes vecinales en mano común y privados.
El fuego, abunda el gobierno, también arrasó zonas de matorral, pastizal y cultivo, de modo que provocó graves pérdidas en pastos, madera, reservas y cotos de caza, en la cosecha de castañas y setas, y en la producción ganadera y de miel.
Las consecuencias de los incendios también se hicieron notar en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios, con serias perturbaciones para la vida de la población: hubo cortes de carreteras, desprendimientos, caída de tendidos eléctricos y de telecomunicaciones e interrupciones del suministro de agua, entre otros problemas.
Todo este catálogo de daños, cuya valoración aún no ha sido concluida, motiva la solicitud del Ejecutivo autonómico.
Además de esta petición –que ya había sido adelantada por el presidente, Adrián Barbón-, el gobierno avanza en otras medidas previstas en el plan de choque para afrontar las consecuencias de los incendios. Entre ellas, las siguientes:
Ø Ayudas a la reforestación
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al expediente que permitirá convocar las ayudas de reforestación para empresas y particulares. En concreto, se habilitará un crédito de 4 millones ampliable hasta 5,5.
En una próxima reunión del Ejecutivo se despacharán también las subvenciones previstas para los ayuntamientos. En este caso, serán 700.000 euros que se pueden incrementar hasta un millón.
Ambas líneas de ayudas, cofinanciadas a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), favorecen la reforestación con frondosas y pinos y las labores de gestión en montes particulares y municipales. Igualmente, apoyan la elaboración de planes de ordenación de montes vecinales.
El Principado ha agilizado al máximo la tramitación para poner estos fondos a disposición del sector, especialmente de las personas, organizaciones y administraciones damnificadas por los incendios.
Además, también se contará con financiación del Ministerio para la Transición Ecología y el Reto Demográfico. Su aportación permitirá subvencionar el 100% de la reforestación de cada hectárea arbolada quemada.
Ø Restauración de parcelas y retirada de material calcinado
La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial publicará la próxima semana una resolución que posibilitará la restauración de las parcelas calcinadas mediante la reforestación inmediata. Así, los trabajos se podrán llevar a cabo este año dentro de los ciclos establecidos para plantar y los terrenos y la actividad se recuperarán cuanto antes.
Por otra parte, el Boletín Oficial del Principado (Bopa) ha recogido esta semana una disposición para apurar la tramitación de los permisos de corta. Se trata de una importante medida para sanear terrenos y prevenir plagas. Además, la retirada rápida de la madera y de los restos de vegetación quemada evita su degradación y una mayor depreciación.
Ø Organización de servicios públicos y personal
· Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (Bripas)
La Consejería de Presidencia trabaja en el refuerzo de las cuatro Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (Bripas) que operan en Asturias con el fin de que estos equipos, compuestos ahora por un bombero investigador y dos agentes forestales, pasen a estar formados por tres investigadores.
La Ley de Empleo Público, que entró en vigor el pasado lunes, prevé la creación de la escala de investigador de causas de incendios forestales, de forma que todas las personas que conformen las Bripas tengan la consideración de agentes de la autoridad. Con este cambio se unificarán las condiciones laborales y se evitará la pérdida de capital humano. Tras la entrada en vigor de la citada norma, ya están en marcha las medidas administrativas para que el proceso se desarrolle lo más rápido posible.
· Guardería del Medio Natural
Medio Rural también avanza en la creación del futuro Cuerpo de Agentes Medioambientales. La Ley de Empleo Público posibilita la constitución de un contingente que tendrá la consideración de policía administrativa especial y judicial, lo que conformará un cuerpo con capacidad plena para la custodia del territorio con la condición de agentes de autoridad. Además, se mejorarán notablemente las condiciones laborales y se abrirá la posibilidad de acceso a plazas de técnico superior: será el único cuerpo en España con esa capacidad de promoción.
Ø Evaluación de daños, compensaciones y prevención
El Principado trabaja de manera coordinada con la Federación de Concejos (FACC) y los ayuntamientos afectados para completar la evaluación de daños, tanto en infraestructuras e instalaciones públicas como privadas, en los próximos días. Como ya se ha anunciado, se habilitarán ayudas a municipios y propietarios por pérdidas patrimoniales y otros perjuicios. Estas subvenciones serán directas y se tramitarán por la vía de urgencia, una vez determinados los efectos del fuego.
También se pondrán en marcha compensaciones para afrontar las pérdidas forestales que oscilarán entre 500 y 1.200 euros por hectárea.
Respecto a las iniciativas de prevención, hasta ahora ya se han puesto a disposición de ayuntamientos y entidades locales 2,4 millones y en mayo se activará el nuevo fondo recogido en los presupuestos de este año, que suma 4,5 millones.
Ø Normativa
El plan de choque también conllevará cambios en la regulación actual, que incidirán tanto sobre la vigilancia como en la prevención y extinción de incendios. Estas modificaciones incluirán:
- La reforma de la Ley de Montes, que pasará a llamarse Ley de Montes y Prevención de Incendios Forestales. Será la primera iniciativa del próximo mandato. Para abordarla, se constituirá próximamente un comité técnico a partir del Consejo Forestal.
- La elaboración, con carácter inmediato, de una nueva resolución de prevención de incendios. Este texto concederá especial atención al terreno cercano a las poblaciones (el interfaz urbano-forestal), donde existen más riesgos para las vidas, las casas y las propiedades.
- La adecuación del Plan Forestal, cuya tramitación ha sido paralizada para que pueda recoger los cambios que se introduzcan en la Ley de Montes.
- El impulso de políticas de autoprotección de los pueblos. Para ello, se mejorará la gestión de los recursos forestales, se reforzarán las infraestructuras de extinción, la formación de los vecinos y la coordinación de dispositivos.
