El Gobierno de Asturias revertirá a los ayuntamientos en 2023 el nuevo impuesto que gravará con 40 euros, a partir del 1 de enero, cada tonelada de residuos municipales mezclados que van al vertedero del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). La cuantía de los ingresos procedentes de este tributo se estima en unos diez millones el próximo año.
Así lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, a los miembros de la comisión delegada del consorcio, que hoy ha mantenido una reunión para analizar la propuesta de presupuestos de la entidad para 2023. A la reunión también han asistido la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, y la gerente de Cogersa, Paz Orviz.
Aunque el impuesto no tiene carácter finalista, el Ejecutivo autonómico ha tomado la decisión de destinarlo a los ayuntamientos a través de los Presupuestos Generales del Principado, con el propósito de minimizar su notable impacto en las cuentas municipales, ya que los 40 euros del gravamen se suman a los 27 euros del coste de tratamiento por tonelada de basura mezclada (bolsa negra), uno de los menores que se aplica en las comunidades autónomas.
El grueso del retorno de los fondos se realizará a través dos vías: la bonificación de los costes de gestión de los puntos limpios, que actualmente cargan sobre las arcas municipales, y ayudas directas a los concejos para compensar el importe de la recogida y el transporte de residuos.
El impuesto es de aplicación obligada por la ley estatal de residuos para una economía circular, que incorpora novedosos instrumentos económicos para impulsar el reciclaje de residuos y la recuperación de recursos.
Cogersa, como gestor del vertedero, actuará como sustituto del contribuyente y procederá a la liquidación del impuesto ante la Agencia Estatal Tributaria que, a su vez, lo ingresará en la caja única de la comunidad autónoma.
El vicepresidente ha recordado que la ley de residuos establece que, “en aplicación del principio de que quien contamina paga, en 2025 todos los ayuntamientos deberán aprobar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”. La tarifa podrá tener en cuenta reducciones en los supuestos de prácticas de compostaje doméstico o comunitario y en la recogida separada de biorresiduos. En ese mismo año, los ayuntamientos deberán comunicar al Principado esas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección.
En este sentido, Cofiño ha insistido en que el camino para reducir la factura “pasa por seguir avanzando en el fomento de la prevención, la reutilización, la recogida separada, y el reciclado de los residuos”.
