El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender la convalidación del Real Decreto-Ley 5/2020, “necesario e inaplazable”, que recoge medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación para lograr un impacto positivo y fortalecer al sector agroalimentario.
En su intervención, Planas ha tenido palabras de reconocimiento a agricultores, ganaderos y pescadores que, en estas “circunstancias excepcionales de crisis sanitaria que estamos viviendo, están facilitando a la industria y la distribución el abastecimiento de alimentos frescos para toda la sociedad”.
El ministro también ha destacado el trabajo de cooperativas, industria y distribución alimentaria, así como los esfuerzos de la logística y las empresas de suministro, “sin los cuales la cadena no podría funcionar”.
El esfuerzo de todos ellos está permitiendo el buen funcionamiento de la cadena agroalimentaria en estos momentos, permitiendo que los alimentos básicos puedan llegar con práctica normalidad, en cantidad y calidad suficientes. Ha recalcado que su trabajo “hoy es, más que un esfuerzo, un signo de entrega y solidaridad”.
En este contexto, el reequilibrio de la cadena alimentaria, lograr una mayor transparencia en la formación de precios y mejorar la posición negociadora de agricultores y ganaderos es “más justificado y necesario”.
Este estado de alarma en que nos encontramos en España, según el ministro, es un paréntesis político, económico y social, del que se pueden extraer lecciones y, “una de las más claras, es que necesitamos a nuestros agricultores y ganaderos, también a nuestros pescadores, que siempre están ahí, haciendo bien su trabajo”.
PRINCIPALES MEDIDAS
En los últimos meses han confluido una serie de factores que han llevado al sector agroganadero a una situación crítica. A los problemas estructurales de rigidez de la demanda, atomización de los operadores, la estacionalidad o el carácter perecedero de las producciones, se han sumado factores coyunturales como fenómenos climáticos adversos (inundaciones, sequías, temporales…), los aranceles de la Administración estadounidense, la caída de precios de las producciones y la subida de los costes de los insumos agrarios (gasóleo, fertilizantes o piensos).
Ante esta situación, Planas ha destacado la acción decidida del Gobierno por aportar soluciones, a través del real decreto-ley, que recoge medidas que “no pueden demorarse ni un día más”.
Ha recordado que el real decreto-ley cuenta con medidas de “impacto positivo y necesario” para fomentar el reparto equitativo del valor añadido y reequilibrio de la cadena alimentaria; la mejora de la capacidad de negociación de los eslabones más débiles; y el fortalecimiento de la competitividad de los operadores agrarios y alimentarios.
El ministro ha repasado cada uno de los artículos contenidos en el Real Decreto-Ley.
Así, el artículo primero modifica la Ley 12/2013 de medidas de mejora de la cadena alimentaria. Los principales cambios se resumen en la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos agrarios y que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción; prohibir la “venta a pérdida”; regular las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos; y, dar publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.
Esta regulación, ha precisado el ministro, será completada “de forma inminente” con una segunda modificación de la Ley de la Cadena, con un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de prácticas comerciales desleales, que introducirá nuevas medidas para mejorar su funcionamiento.
El artículo segundo recoge una medida para hacer frente al envejecimiento y potenciar el relevo generacional, porque “el campo ha de ser atractivo para los jóvenes” y, sobre todo, “rentable”. Por ello, se propone modificar la Ley 35/2006 del IRPF para incorporar una medida que facilite la tributación de las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores en cuatro años para que no tengan que hacerlo de una sola vez el primer año.
Ante el descenso de la actividad agraria como consecuencia de una bajada de producción, el artículo tercero prevé reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y en Extremadura.
El artículo cuarto está dirigido a lograr una mayor estabilidad en el empleo del personal eventual agrario, dado de alta en el Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social, ya que se incentiva la conversión de estos contratos en contratos indefinidos o fijos-discontinuos a través de bonificaciones en la cuota empresarial.
La modificación de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevista en el artículo quinto, se prevé para ampliar el ámbito de actuación de la Inspección más allá del propio centro de trabajo para que se pueda también llevar a cabo en locales o viviendas en los que se alojen los trabajadores.
Medidas todas ellas encaminadas a mejorar el funcionamiento del sector, permitir la pervivencia de un medio rural vivo y “reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos”.
