Unión de Campesinos Asturianos (UCA), Asociación de Apicultores de Asturias (AAA), Asociación Gijonesa de Apicultores (AGA) y Apicultores Asociados del Principado de Asturias (AAPA) han hecho público un comunicado en el que manifiestan su “total desacuerdo con la forma de actuación de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del Principado de Asturias en relación a los trámites de creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias.
Afirman representar a 800 apicultores, “lo que supone un 53,5% de los censados en Asturias”. Reclaman al consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, “no haber consultado ni escuchado” a la parte del sector que representan. Además según “datos oficiales” se registra un “descenso imparable en la producción y creen que “es momento de luchar contra los verdaderos enemigos de la apicultura: Varroa, Vespa Velutina y cambio climático. La sinergia generada entre estos 3 elementos ocasiona la muerte de enormes cantidades de colmenas así como una importante merma productiva de las que sobreviven”.
Se manifiestan en “total desacuerdo con la IGP planteada. No cualquier IGP, pero sí, desde luego, la que se ha diseñado por un grupo minoritario del sector, dado que, de prosperar, provocaría el cierre de cientos de explotaciones, acabando con gran parte de las señas de identidad y calidad de la miel asturiana; justo lo contrario de lo que debería buscar una indicación protegida”.
También reivindican que “los trámites para la constituir la Asociación para la promoción y gestión de esta IGP no han permitido la participación democrática de los apicultores interesados”. Además, opinan que la protección de indicación geográfica Asturias “resulta demasiado genérica. En el momento que sea efectiva la implantación de la IGP ningún productor podrá imprimir en sus etiquetas la palabra Asturias si no es miembro de la propia IGP, con lo que el 95,4% de los productores tendrán que escoger entre inscribirse en la IGP, sean cuales sean sus requisitos, cambiar la etiqueta de su producto con la pérdida de confianza que experimentará de cara al consumidor, o cesar en la actividad. Y la Administración no ha hecho nada por evitarlo, pese a que ha abrigado la constitución de la asociación promotora”.
