Las medidas dirigidas a proteger el lobo en toda Europa y favorecer su expansión están causando problemas y conflictos a las familias ganaderas. Esto no es novedad, y podría no ser noticia, pero sí lo es el hecho de que la Comisión Europea, a través de un comunicado que recoge declaraciones de la presidenta von der Leyen, lo reconozca oficialmente y se abra a modificar la Ley para evitar dichos conflictos.
En UPA han valorado positivamente esta “toma de conciencia” del Ejecutivo europeo sobre este grave problema, que causa millones de euros en pérdidas a los ganaderos españoles cada año y sobre el que las acciones del Gobierno español no han contribuido a su resolución. “Esta respuesta europea, aunque tarde, demuestra que la expansión de un gran carnívoro depredador, como es el lobo, genera problemas a la población rural que no deben ignorarse”, ha señalado el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla.
La Comisión Europea ha abierto un plazo de quince días para recibir (en el email EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu) los datos y opiniones de las comunidades implicadas, así como de los científicos expertos en el tema. UPA ya está preparando su comunicación a la CE, en la que explicará los problemas que causa la expansión del lobo a las explotaciones ganaderas familiares, especialmente las extensivas y semi-extensivas.
UPA pide reflexión al Gobierno central
Desde UPA esperan que esta acción europea haga tomar conciencia del problema al Gobierno español, cuya última decisión fue la protección total del lobo, ignorando las demandas de la comunidad ganadera.
Los ganaderos siguen asegurando que, para exista convivencia entre ellos y el lobo debe existir un control poblacional, unas indemnizaciones justas e igualitarias y unas ayudas a la prevención de los ataques que, aunque previstas en los Presupuestos Generales del Estado, aún no están llegando a los ganaderos adecuadamente.
UPA ha reclamado al Gobierno español la convocatoria de la Mesa del Lobo, con la participación de las organizaciones de ganaderos y las comunidades autónomas, para tomar decisiones que ayuden a la resolución definitiva de este conflicto.
