La Consejería de Medio Rural y Política Agraria manifiesta su apoyo al sector pesquero asturiano ante las dificultades derivadas de la entrada en vigor, el pasado día 10, de las nuevas obligaciones incluidas en el Reglamento Europeo de Control. Estas medidas resultan especialmente relevantes para una flota como la regional, integrada mayoritariamente por embarcaciones de bajura y artes menores, con salidas diarias a caladeros muy próximos y orientada a capturas multiespecie.
Medio Rural comparte los objetivos del reglamento —reforzar la trazabilidad, mejorar el control, garantizar la seguridad alimentaria y combatir la pesca ilegal—, pero advierte de que la aplicación literal y sin adaptación de ciertas obligaciones, como la notificación previa de entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación o el registro de todas las capturas desde el kilogramo cero, resultan muy difíciles de cumplir para una flota con estas características.
El Principado ya trasladó durante la fase preparatoria del reglamento la necesidad de tener en cuenta las particularidades de la flota artesanal del Cantábrico y las dificultades reales para poner en marcha estas exigencias en embarcaciones de pequeño tamaño y mareas de corta duración. En la misma línea, volverá a plantearlo en la Conferencia Sectorial de Pesca que se celebrará mañana, martes 20 de enero.
El Gobierno de Asturias sostiene que cualquier regulación debe equilibrar sostenibilidad y viabilidad económica, puesto que la protección de los recursos pesqueros repercute directamente en el propio sector. El Principado, firme defensor de una gestión basada en la ciencia y la responsabilidad, juzga imprescindible que la aplicación del reglamento sea progresiva, flexible y adaptada a la realidad de la pesca de bajura del Cantábrico.
Las características de la flota asturiana —mareas cortas, limitaciones tecnológicas a bordo, artes multiespecie y proximidad a puerto— hacen necesario ajustar determinadas obligaciones para evitar que una normativa concebida para otros segmentos ponga en riesgo la rentabilidad, la actividad diaria y el relevo generacional.
La consejería seguirá actuando como interlocutora activa con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, defendiendo propuestas constructivas que permitan avanzar en trazabilidad y control sin comprometer la viabilidad de un sector esencial para las comunidades costeras, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria. El Gobierno de Asturias trabajará para garantizar una aplicación del reglamento que respete su espíritu, pero que sea realista, equilibrada y operativa.
El Principado reafirma así su compromiso con una pesca sostenible, rentable y socialmente justa, que sirva como hasta ahora de motor económico, generador de empleo y garante de productos pesqueros de la máxima calidad.
