La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha consensuado con las empresas y las entidades representativas del sector de la economía social una nueva regulación del cooperativismo. La nueva norma autonómica moderniza en profundidad la legislación vigente, la Ley 4/2010, para adaptarla a las nuevas necesidades y a los cambios en la actividad de este tipo de sociedades.
El consejero, Borja Sánchez, ha señalado hoy, durante una visita a Valcor, sociedad surgida de la fusión entre la Cooperativa de Corvera y Agrovaldés, el objetivo principal de la nueva norma: “Queremos dotar a estas empresas de un instrumento legal más ágil y competitivo, alineado con las reformas modernizadoras implantadas en otras comunidades”.
Ha destacado, asimismo, que el articulado del proyecto de ley aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno es fruto del consenso entre todas las entidades sectoriales que forman parte del Consejo Asesor de la Economía Social. “Estamos convencidos de que este proyecto de ley, que nace del máximo consenso, recibirá un amplio respaldo en la Junta General, porque se trata del cuerpo legal que Asturias necesita para construir una economía social más próspera, más innovadora y más competitiva”, ha subrayado Sánchez.
Asturias cuenta actualmente con 169 cooperativas que emplean a 2.977 trabajadores. Se trata de las empresas de economía social más comunes en la comunidad por número de sociedades y puestos de trabajo. El cuerpo de la economía social en el Principado está formado por 383 cooperativas y sociedades laborales que emplean a 5.054 personas y generan un volumen de negocio de 380 millones.
La nueva ley introduce importantes novedades para eliminar barreras de entrada, flexibilizar la gestión y simplificar la tramitación administrativa de las sociedades cooperativas. Entre ellas, destacan las siguientes:
- Más facilidades para la creación: se reduce a dos personas, frente a las tres actuales, el número mínimo de socios para constituir una cooperativa. Esta medida busca potenciar la creación de nuevos proyectos y evitar la disolución de entidades por reducción de miembros.
- Flexibilidad económica inicial: aunque se mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, no se exigirá su desembolso íntegro al inicio. Bastará con abonar un mínimo del 25% en el momento de la constitución.
- Estructuras de gestión adaptadas al tamaño: se flexibilizan los órganos de gobierno en las cooperativas más pequeñas. Así, el consejo rector dejará de ser obligatorio para todas y solo se exigirá en cooperativas con diez o más personas socias. Las entidades más pequeñas podrán optar por figuras más ágiles, como una persona administradora única.
- Simplificación de la fiscalización interna: la intervención (órgano de fiscalización) será obligatoria únicamente en cooperativas con cinco o más personas.
- Nuevas clases de cooperativas: las cooperativas agrarias pasan a denominarse agroalimentarias para incluir toda la cadena de valor, desde la producción y transformación a la comercialización. Además, se crean nuevas figuras como las cooperativas de impulso empresarial, concebidas como incubadoras o aceleradoras de proyecto, y las cooperativas de desarrollo local, enfocadas al fomento económico y social.
- Simplificación administrativa y digitalización: se eliminan cargas burocráticas como la obligación de publicar ciertos acuerdos y se regula formalmente la página web corporativa como herramienta válida para la comunicación y publicidad legal.
