A Fernando Caso se le rasaron los ojos cuando los operarios del Ayuntamiento de Peñamellera Baja clausuraban el lunes 30 de enero a las 10 de la mañana dos de sus cuadras. “Según grapaban la hoja en la puerta, era como si me grapasen a mí el corazón, más teniendo el Ayuntamiento sobre la mesa mi licencia de actividad en trámite. Me levanté con la impotencia de pensar que mis animales quedan en la calle. El único respaldo que tenemos es entre los propios ganaderos. Hicimos todo lo que pudimos, agilizarlo está en sus manos. Es una injusticia”.
Más de 300 ganaderos asturianos y cántabros acudían a la concentración convocada por Ganagri en apoyo a Fernando Caso, que es uno de los afectados, pero no el único. En Suarías también estuvieron representantes de partidos políticos así como de las organizaciones agrarias UCA y ASAJA, además de Asturias Ganadera y Unión Rural Asturiana (URA). Se contó con las intervenciones de las mediáticas Lucía Velasco y Marta García, ambas ganaderas defensoras del medio rural y de los pueblos.
Ramón Fernández, presidente de Ganagri, comparaba el día con un funeral. “Hoy se han clausurado dos cuadras, pero hay otras cinco cerradas. A dos meses de la fecha en la que se quiere aprobar la Ley de Calidad Ambiental, la culpa de que pasen estas cosas no es del que denuncia, ni del juez, es culpa de la ley. El Principado tiene que aprobar que no sean necesarias licencias de actividad para estos pequeños establos utilizados los meses de invierno. Queremos que hagan los deberes. El mensaje ha calado y con esta reivindicación vamos a conseguir nuestros objetivos”, afirmaba. En su intervención recordó que “desde el año 2013 los gallegos tienen su propia ley de emprendimiento y competitividad económica por la que no se requieren licencias municipales de actividad. Así la actividad ganadera desarrollada en las pequeñas cuadras dentro del pueblo son legales”. Reivindicó a los políticos presentes que promulgan las leyes que éstas defiendan “nuestra cultura, forma de vida, olores, ruidos y particularidades para que nadie nos pueda denunciar por hacer nuestro trabajo”, solicitando una ley sensorial del campo como la de los franceses y que la futura Ley de Calidad Ambiental “no nos aburra con burocracia y que podamos continuar con nuestra actividad dando además vida a los pueblos”.
José Ramón García Alba, ‘Pachón’, secretario general de UCA, organización agraria que apoya con su asistencia jurídica al ganadero afectado, le dijo a Fernando Caso “vamos a volver a quitar esos precintos”. Al alcalde le invitó a ayudar a los ganaderos a comprometerse con resolver la licencia de actividad del ganadero afectado ya que cuenta con el informe favorable de Medio Ambiente para adecuar las cuadras a unas exigencias concretas. A los ganaderos asistentes los emplazó al día que se puedan quitar los precintos de las cuadras “porque sentará un precedente en Asturias”, comunidad en la cual en los meses de invierno este tipo de establos son utilizados por los ganaderos.
José Manuel Fernández, alcalde de Peñamellera Baja, afirmó estar presente en la concentración para unirse a la defensa del mundo rural. Explicó que el Ayuntamiento clausuraba la actividad de las dos cuadras “temporalmente” cumpliendo una sentencia judicial. El consistorio decidía en su momento darle continuidad a la actividad “para facilitarle al ganadero que pudiera pasar el invierno en las cuadras hasta que se tramitara la licencia de actividad. Hemos alargado la aplicación de la sentencia para causar el menor daño posible”. El miércoles pasado, les llegó un informe favorable de Medio Ambiente, “con una serie de condiciones que haremos llegar a los ganaderos para que realicen las adecuaciones oportunas de sus establos, se revisarán y si las cumplen se dará la licencia de actividad. Es un día desagradable. Hacemos lo posible por evitar estas situaciones. Hace falta una ley de política ambiental que recoja estas cuestiones de los pueblos”.
Por su parte, el Fernando Caso opina que si el Ayuntamiento de Peñamellera Baja hubiese recurrido la sentencia el Ayuntamiento “a mí me hubiese servido para tener más plazo, un mes más de tiempo incluso podría haber evitado la clausura”. Este joven ganadero asturiano asegura que seguirá luchando. “Esto no puede ser, me tocó a mí, pero no quiero que ningún ganadero tenga que pasar por todo lo que he sufrido”. Fernando piensa en sus padres, en su mujer, en su familia en definitiva y sobre todo en su hijo de cuatro años. “Hace unos días entramos en la cuadra y quedó en la puerta mirando para dentro y me dijo: papá ¿pero por qué tenemos la cuadra vacía y las vacas en la calle? Yo quiero que la cuadra esté llena de vacas, y eso manca mucho, seguiré luchando por él”, asegura.
Unión Rural Asturiana (URA) con Borja Fernández como portavoz, exigió que se desarrolle una ley que contemple una defensa del rural y del sector primario, de los pueblos y sus habitantes, “que incluya como la homóloga francesa, la consideración como bien inmaterial de los sonidos y olores rurales, para que nuestros gallos puedan seguir cantando, nuestros cencerros sonando y el olor a ‘cuchu’, sea sin más, una característica del campo asturiano”.
Antecedentes
Todo comenzó el 26 de noviembre de 2021. Tras denuncias efectuadas por dos vecinos de Suarías por malos olores, insectos y ruidos producidos a causa de los animales que pasan en los meses de invierno en varias cuadras, solicitando la paralización o clausura inmediata de la actividad ganadera llevada a cabo en dichas cuadras. El Ayuntamiento de Peñamellera Baja resolvió requerir a los ganaderos afectados para que presentasen proyecto de medidas correctoras, o en caso contrario se procedería a iniciar expediente de clausura de actividad. Tras ese acuerdo, algunos ganaderos asesorados por UCA encargaron el correspondiente proyecto de medidas correctoras para poder legalizar la actividad. Otros ganaderos, no siguieron el mismo camino, y finalmente se terminaría acordando el cierre y precinto de sus cuadras, en el mes de septiembre de 2022.
En cuanto a una de los denunciantes, recurrió el acuerdo en reposición, solicitando la paralización inmediata de la actividad, pero solo en algunas cuadras, las que son propiedad de Fernando Caso Robles. El 21 de febrero de 2022, el Ayuntamiento desestimó el recurso de reposición. Contra dicha desestimación, interpuso la denunciante recurso judicial, que fue turnado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo. Una semana después, los dos ganaderos asesorados por UCA presentan un informe técnico sobre el estado de los establos, suscrito por técnico competente. Además, ambos ganaderos retiraron sus vacas voluntariamente de las cuadras en cuestión, mientras durase el procedimiento de legalización.
El 2 de marzo del año pasado, se emite informe requiriendo documentación adicional sobre el que se presentan alegaciones, ya que parte de la documentación requerida no era preceptiva. Y el 5 de mayo se presenta la memoria técnica e informe requeridos. El 3 de junio se estiman las alegaciones por el Ayuntamiento, y se ratifica la solicitud del resto de documentación. El 1 de agosto, se aporta relación de colindantes y solicitud normalizada, según se había requerido.
En el mes de octubre, se comunica por el Ayuntamiento a los interesados que el expediente se pasa a la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias para obtener informe sectorial. El 20 del mismo mes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo dicta sentencia estimatoria de la demanda, acordando que por el Ayuntamiento se proceda, “previa concesión del trámite de audiencia a don Fernando Caso Robles, a la paralización o clausura inmediata de la actividad ganadera desarrollada por él mismo en las cuadras nº 53 y nº 82, sitas en Suarías-Peñamellera Baja”. Contra la misma cabía recurso de apelación, el Ayuntamiento no la recurrió. Tampoco ha promovido ningún incidente de inejecución de la sentencia, mecanismo previsto en la ley para casos como el presente en que la legalización es inminente.
Entre los meses de noviembre y diciembre se tramitó el informe de Medio Ambiente, ofreciéndose soluciones para la gestión de los residuos orgánicos de las cuadras, que deberían ser incluidas en el informe final.
El 7 de diciembre, el Ayuntamiento concede a Fernando Caso Robles un trámite de audiencia de 15 días de forma previa a la clausura de la actividad en las cuadras 53 y 82, indicándole que posteriormente se dictará resolución contra la que podrá interponer los recursos que proceda. Se dice que recayó sentencia, pero no se acompaña copia de la misma.
Los días 28 y 29 de diciembre se presentaron escritos solicitando ampliación del plazo de alegaciones en un 50%, así como suspensión del procedimiento, dado que se encontraba pendiente de emisión del informe por parte del órgano medioambiental, lo que obliga, por ley, a una paralización del procedimiento de hasta 3 meses. El 2 de enero de 2023, el Ayuntamiento deniega la ampliación del plazo. Unos días después Fernando Caso presenta un escrito de alegaciones reiterando la solicitud de suspensión por pendencia del informe medioambiental.
El 18 de enero, se comunica a Fernando Caso Robles la resolución por la que se desestiman sus alegaciones, se acuerda el cese de actividad ganadera en las cuadras nº 53 y 82 de Suarías y se señala como fecha para el precinto de sus dos cuadras el día 30 de enero a las 10 horas.
El 24 de enero Fernando Caso Robles interpone recurso de reposición contra la resolución de cese y precinto, solicitando la suspensión cautelar de la misma y haciendo alusión a que no se ha actuado con proporcionalidad como exige la jurisprudencia. En este caso debería tenerse en cuenta que la actividad es legalizable.
Finalmente la Consejería de Medio Ambiente emite un informe favorable que hace llegar al Consistorio el día 25 de enero. El Ayuntamiento mantiene la orden de clausura, que se realiza el día 30 a las 10 de la mañana.
