UCA lleva años pidiendo que por la Administración autonómica se adopten las medidas necesarias para indemnizar de forma ágil e íntegra a los agricultores y ganaderos por los daños sufridos en sus explotaciones a causa de los animales salvajes. Presentaron alegaciones sobre la propuesta de decreto autonómico sobre daños por fauna silvestre, sobre la propuesta de modificación del Reglamento de Caza, sobre el baremo de indemnizaciones aprobado este mismo 2022 o sobre el borrador de la Estrategia nacional para la conservación y gestión del lobo; “siempre sin encontrar el debido apoyo del ejecutivo regional”.
UCA explica que “desde el Principado se afirma que se están pagando las indemnizaciones correspondientes, pero lo cierto es que muchos daños no se están reconociendo, pese a ser evidentes por contar con pruebas de carácter gráfico y/o pericial; y entre los que se reconocen, muchos se pagan varios años después de haberse producido”.
UCA ha puesto a disposición de los medios algunos ejemplos de expedientes administrativos de solicitudes de indemnización que presentaron resueltos de forma negativa por el Principado pese a la existencia de pruebas muy sólidas sobre el origen de los daños (lobo, jabalí u oso, generalmente). La organización agraria explica que “muchos agricultores y ganaderos desisten de comunicar los daños sufridos; sobre todo cuando son de reducida cuantía, ya que, sabedores de que muy posiblemente van a tener que acudir a los tribunales para obtener el reconocimiento de la indemnización, con la consiguiente pérdida de tiempo e incremento de costes de la reclamación”.
