COAG: El agricultor profesional sería el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido a Luis Planas que, con los términos planteados en el documento base de negociación, el agricultor profesional tiene “todas las papeletas” para ser el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España. Así se lo ha traslado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, durante la reunión de las organizaciones agrarias con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar el contenido del Plan Estratégico Nacional de la PAC.

En este sentido, el máximo responsable de COAG se ha referido a la definición de “agricultor activo”, que finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante. De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante (  menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales. “Se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a aquellos falsos activos y absentistas que viven de otras actividades ajenas al sector. Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC; trasvasar fondos de las explotaciones más grandes a las pequeñas y medianas profesionales, para ayudarles ante el incremento de costes y los escasos márgenes de rentabilidad”, ha destacado Blanco.

COAG ha pedido a Planas que negocie con Bruselas que sólo aquellos cotizantes a la seguridad social agraria puedan tener acceso a las ayudas redistributivas, acopladas y ecoesquemas para evitar que los rentistas “metan de nuevo la mano en el bolsillo” a los verdaderos profesionales.

Otro de las losas para los agricultores profesionales viene de la mano de la arquitectura verde de la PAC. La condicionalidad reforzada, que supone mayores exigencias medioambientales y por tanto mayores costes y menos renta, junto con la partida del 23% de las ayudas condicionada a los ecoesquemas, puede lastrar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones si no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición verde justa. “Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla“, ha subrayado el Secretario General de COAG, al tiempo que ha recordado que “para recuperar ese 23% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera”.

Además, Blanco ha recordado que no debemos olvidar que el borrador del plan que hay sobre la mesa incorpora de forma literal la hoja de ruta marcada por el Pacto Verde de la UE y las exigencias de la Estrategia de la Granja a la Mesa en lo referente a la reducción de fitosanitarios y fertilizantes en un 50% en el horizonte del año 2030 con respecto al año 2020, incremento de la superficie cultivada en producción ecológica del actual 9% (2020) al 15% en el año 2030, así como medidas adicionales para la conservación del paisaje y mejora del bienestar animal.

Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el  40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. “Podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE”, ha puntualizado el Secretario General de COAG, al tiempo que ha señalado la hipocresía de los mandatarios europeos y estatales: “en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia”. COAG ha pedido a Luis Planas que no abandone la batalla en Bruselas para acabar con esta descabellada situación que supone pérdida de renta agraria y cierre de explotaciones en nuestro país.