Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta que el Gobierno central analiza desde hace varios meses, según informaciones recogidas por los medios de comunicación, lo que ha provocado inquietud de las cuatro comunidades, que han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmada por los consejeros correspondientes.
El escrito plantea que conceder al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que cuentan con importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.
En este sentido, la oposición de las comunidades que suscriben la carta se basa en que sería totalmente opuesta a las políticas desarrolladas en estas autonomías en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva. De hecho, como se menciona en la misiva conjunta, estos cambios en cuanto al nivel de protección del lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.
La decisión de dirigirse a Teresa Ribera para mostrar el rechazo de las comunidades a esta posibilidad se adoptó tras la reunión celebrada recientemente con el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del ministerio, solicitada en septiembre por las cuatro comunidades que resultarían más afectadas si la iniciativa prospera.
Importancia de los actuales planes de gestión y conservación
Las cuatro autonomías señalan en el escrito que han “elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que tienen como objetivo su conservación en el marco establecido por la directiva europea 92/43/CEE, a través de una adecuada gestión que permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y mejora de la ganadería extensiva”.
Con esos planes, las comunidades han conseguido que las poblaciones mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que se favorezca esta especie como recurso turístico y que aumente valoración de los vecinos. Además, el modelo actual de gestión ha logrado una información fiable y continua de lo que sucede con la evolución de las poblaciones, con los daños a la ganadería y con la conflictividad social asociada a su gestión.
Toda esta actividad se ha llevado a cabo siempre “desde la máxima lealtad institucional y en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo”, actualmente vigente, promovida por el ministerio y aprobada en enero de 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. “Si bien es cierto que todos creemos que es necesaria una nueva estrategia nacional liderada por ese ministerio y consensuada con las comunidades autónomas loberas”, señala la carta.
Las comunidades subrayan lo que supone la ganadería extensiva en sus territorios: “Hablar de Asturias, Cantabria, Galicia o Castilla y León es hablar de explotaciones ganaderas familiares sostenibles y hacedoras de paisaje, de razas autóctonas en peligro de desaparición, de productos de calidad ligados a la ganadería, carnes, leches, quesos… Todo esto es lo que está en juego, no sólo una actividad económica, sino una forma de vida”, refleja el escrito. “Queremos territorios bien conservados con presencia del lobo, pero también queremos territorios con futuro y con vida, y para ello la ganadería extensiva es esencial”, agrega.
Las comunidades piden que se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio del estado legal del lobo, “que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico”.
