El alcalde de Cangas del Narcea, el socialista José Víctor Rodríguez, presidió la comisión de Desarrollo Rural y Pesca que se constituyó en la tarde de ayer, y de la que forman parte otros 25 alcaldes de diferentes concejos de España. La constitución se llevó a cabo de manera telemática, en una reunión en la que La comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP propuso, al Gobierno de España, diez medidas para frenar la crisis provocada por la Covid-19. Entre ellas priorizar en la fase de recuperación económica y social, actuaciones para garantizar la funcionalidad de los territorios desde la colaboración con todos los niveles de gobierno, y con el objetivo de consolidar la adecuada cobertura en la prestación de servicios en los ámbitos sanitario, educativo, de servicios sociales, de atención a la dependencia, de la administración, de seguridad, de conectividad, de suministros básicos y de movilidad. Así mismo, reclaman que los Planes de Recuperación Económica y Social en el ámbito local, cuenten con aportaciones extraordinarias y de carácter urgente que hagan sostenible el funcionamiento de la administración local. Los regidores también plantean la necesidad de salvaguardar la autonomía local en lo que se refiere a la decisión incondicionada de utilización de los recursos propios procedentes del superávit y de los remanentes acumulados, sin perjuicio de su utilización como cofinanciación de los programas comunitarios articulados a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeo.
También se plantearon Planes de Contingencia para afrontar la reactivación económica y social, así como fomentar la adecuada coordinación con los servicios sanitarios y de empleo para conocer los efectos detallados y riesgos asociados a la pandemia, para con esa información poder elaborar con mejor previsión los Planes de Recuperación. Los consistorios plantean también que se revisen las normativas que permitan la reposición de los recursos humanos municipales en corto plazo, que se refuercen las redes colaborativas surgidas como consecuencia de la pandemia y que se defina una estrategia para la reactivación económica de las zonas más despobladas, teniendo en cuenta el uso de la tecnología y las nuevas tendencias de los mercados. La comisión también propuso impulsar una reflexión sobre el ordenamiento territorial y los necesarios ámbitos de cooperación rural en una escala adecuada y eficiente, así como dar mayor visibilidad al trabajo realizado por las Entidades Locales, en el ámbito de atención a mayores, y que ayudado a frenar la pandemia con pocos recursos, que deben reforzarse para generar servicios de calidad, que ayuden a la diversificación de la economía rural.
También se aprobó el Plan de Trabajo 2019-2023, en la que destacan la necesidad de dotar de financiación la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y promover la elaboración de una Ley sobre el desarrollo y ejecución de Leader, para unificar las diferentes situaciones que se dan en las distintas Comunidades Autónomas, así como para aumentar las medidas que pueden ser gestionadas a través de Leader, para que sean agentes dinamizadores para luchar contra el Covid-19. Además reclamaron la participación de los Gobiernos Locales en la elaboración del Plan Estratégico de la PAC post 2020 y acabar con la brecha digital que afecta a la zona rural.
