Las cuatro comunidades de la cornisa cantábrica: Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, han acordado en Oviedo una posición única sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), centrada en la defensa de sus peculiaridades, especialmente en lo relacionado con la orientación eminentemente ganadera de su sistema productivo y en el pequeño tamaño y el carácter familiar de la mayor parte de sus explotaciones.
Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, quien ha participado, junto con sus homólogos de las otras tres autonomías, en una jornada de coordinación para reforzar esa postura conjunta. A la reunión han asistido, además de la representante asturiana, el consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González; el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, y el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del País Vasco, Bittor Oroz.
Álvarez ha valorado la sintonía mostrada por las cuatro comunidades, que se ha plasmado en un documento con la posición que comparten ante este importante debate. “Conformamos una unidad biogeográfica, un territorio que comparte clima, orografía y un mismo sistema productivo, por lo que este acuerdo nos dará más fuerza para defender los intereses de nuestros ganaderos y agricultores”, ha subrayado.
Además, ha insistido en la importancia de que la futura PAC tenga en cuenta las especificidades de los cuatro territorios. Entre ellas ha citado, junto con el pequeño y mediano tamaño de las explotaciones y su orientación ganadera, el hecho de que la mayoría de las unidades productivas estén enclavadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales, lo que condiciona su productividad y limita su rentabilidad. “También debemos afrontar retos comunes como el envejecimiento y la despoblación del medio rural”, ha agregado.
Por estas razones, Álvarez ha explicado que las cuatro comunidades defienden una PAC, después de 2020, con suficiente presupuesto, más justa y equitativa, y que supere los desequilibrios entre territorios. Además, creen que debe orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del campo y a la generación de empleo y actividad.
Las autonomías que han suscrito el documento demandan un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros, precisamente para beneficiar a las más pequeñas, y que las ayudas directas se destinen a los agricultores genuinos, es decir, profesionales, sin excluir totalmente a aquellos que se dedican a la actividad agraria de forma parcial.
Asimismo, reclaman una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales y piden un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional y a la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.
Por otra parte, solicitan que se mantengan las ayudas asociadas a sectores productivos como la ganadería de leche o carne. En este contexto, se busca también convertir la nueva PAC en un instrumento para la transformación del campo en un territorio más vivo, con un proyecto propio, integrado y solidario con todos sus residentes.
